La juez de los ERE señala que CC OO y UGT cobraron 4,2 millones en comisiones

La juez de los ERE señala que CC OO y UGT cobraron 4,2 millones en comisiones
La juez Mercedes Alaya ve ilegales estos abonos por su intermediación en los ERE fraudulentos

Los sindicatos obtuvieron también su tajada de los ERE fraudulentos. Ya era sabido que como parte necesaria para presentar un expediente a la Junta de Andalucía, los sindicatos UGT y CC OO, cobraban su comisión. Pero la juez Mercedes Alaya ha puesto ceros y ha cifrado en 4,2 millones las “sobrecomisiones” que considera ilegales, procedentes solo de la consultora Vitalia, que gestionó los ERE junto a la firma Uniter. Las centrales cobraban entre el 0,5 y el 1% de cada ERE mediante sus agencias de corretaje de seguros Atlantis Asesores y Temiqui. "CC OO no ha cobrado ni un duro", ha rechazado Francisco Carbonero, secretario general del sindicato en Andalucía. El ejemplo más sonado fue el millón de euros que cada sindicato cobró en el ERE de Delphi, a través de la consultora Uniter.

Dos personajes clave en esta connivencia a seis bandas entre la Junta, las consultoras, las aseguradoras, los bufetes, los empresarios y los sindicatos son el intermediario Juan Lanzas y el ex director comercial de Vitalia Antonio Albarracín. La juez ha enviado a ambos a prisión como piezas fundamentales de la trama de la Operación Heracles, después de que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero regresara a la cárcel el día antes. Albarracín declaró durante siete intensas horas y Lanzas mantuvo silencio, con igual resultado.

Lanzas, exsindicalista de UGT reconvertido en un conseguidor millonario gracias a su habilidad para engatusar a empresarios y comités de empresa de las bondades de un ERE subvencionado por la Junta, cobró sus servicios de múltiples formas. Su exjefe Albarracín le incluyó junto a su mujer, también detenida, como intruso (prejubilado ajeno a la empresa) en el ERE de la firma Hitemasa para cobrar 455.014 euros de los fondos públicos. “La Junta consentiría este hecho en claro perjuicio del erario público, como también consentiría en esta póliza la inclusión de esposas de sindicalistas, amigos de Juan Lanzas”, censura Alaya.

Este expediente incluyó asimismo como intruso al ex gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz, César Braña, y otros dos miembros de UGT con pólizas de 96.000 euros cada uno.

Sobre la tajada de los sindicatos, Albarracín ha apuntado: “En todos los sitios, Barcelona, Madrid, llegaban los sindicatos manifestando que necesitaban que su técnico hiciera un estudio de contraste y que esto tenía un coste. Esto suponía que si no pagaban este informe a los sindicatos, no se quedaban con la operación”. Sobre Andalucía, ha puntualizado: “Los sindicatos y la Junta eran los que mandaban”. A veces, las centrales “convencían a la Junta para que realizara determinados complementos, porque detectaban que el trabajador iba a tener alguna pérdida de prestación”.

Durante su testimonio, el exdirectivo ha disparado contra el exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández, en prisión preventiva hasta el pasado agosto. “Fernández me manifestó que él hacía las pólizas con quien le decían los sindicatos”, ha acusado Albarracín al histórico cargo socialista.

La juez imputa al exdirectivo cinco delitos, entre ellos cohecho y falsedad. El auto de prisión bajo secreto de sumario describe una sucesión de prácticas ilícitas basadas en las comisiones repartidas a diestro y siniestro. Además de ingresar 249.000 euros a Guerrero en transferencias y una póliza para su suegra de 198.876 euros, Albarracín dirigió un sistema de entrega de sobres con cantidades entre 6.000 y 60.000 euros, según ha declarado esta semana a la Guardia Civil el testaferro detenido Eduardo del Leal.

Albarracín se enriqueció al mismo ritmo que Lanzas, su comercial privilegiado. El exdirectivo del grupo Eurobank pasó de poseer cuatro inmuebles en 2001 a tener 16 en 2011. ¿La razón? El exdirectivo convirtió en 1999 a la Junta de Andalucía en su mejor cliente. Esta Administración obvió la celebración de un concurso público para adjudicar la gestión de los ERE, y permitió a Vitalia cobrar “unas sobrecomisiones elevadísimas en relación al precio del mercado”, según Alaya. De este modo, Albarracín generaba beneficios para Vitalia y pagaba comisiones, sobre todo a Lanzas, enlace vital con los sindicatos. El intermediario tenía tres testaferros a sus órdenes cuyas empresas de mensajería emitían facturas falsas con servicios “inexistentes” a Vitalia. El Holding Vitalia transfirió a Lanzas 1,9 millones y 4,5 millones a las firmas Atrado y Servicios Inmediatos de Andalucía. A medida que los beneficios crecían, Albarracín sintió que su sueldo de 180.000 euros se quedaba corto y creó la entidad Permar 21 para facturar 3,1 millones a Vitalia y así aumentar sus ingresos.

Las explicaciones de Albarracín al intenso interrogatorio fueron vagas. Disparó la responsabilidad hacia sus exjefes, también detenidos, Eduardo Pascual y María Vaqué. El exdirectivo ha achacado a responsables de la Administración la inclusión de intrusos del PSOE, y ha defendido la legalidad de sus pagos: “No había límite de comisión”. Tanto la juez como la Fiscalía Anticorrupción le han interrogado por la mención en numerosos correos electrónicos a “los señores del sur”. Pero tras explicar que se refería a Lanzas y otros comerciales y la juez rechazar la respuesta por incongruente, Albarracín ha dejado la incógnita en el aire.

Un georadar para hallar el dinero

La Guardia Civil registró ayer de nuevo la casa del intermediario encarcelado Juan Lanzas en Albanchez de Mágina (Jaen). Tras el hallazgo de 80.000 euros en metálico en casa de sus padres, ayer los agentes regresaron a su casa con un georadar para buscar un posible zulo donde hubiese más dinero o documentación. Los agentes emplean el georadar para saber “si los estratos de la tierra presentan distorsiones en la zona, que se piensa que podría estar enterrado el dinero o la documentación que se haya podido ocultar”, dijeron fuentes del caso a Europa Press.
</CW>La juez Alaya tomó ayer declaración a ocho de los 22 detenidos en la operación policial. De este modo, menos de la mitad de los arrestados el miércoles por la Guardia Civil han pasado a disposición judicial: Roser Massa, administrador de una aseguradora del grupo Eurobank; el empresario detenido en Las Palmas y supuesto camello de Guerrero, Gregorio Martínez; José González, hijo del dueño de la consultora Uniter José González Mata y María José Marcos, esposa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, salieron del juzgado en libertad con cargos. Mientras el núcleo duro de la trama ha sido encarcelado, los personajes satélites han quedado en libertad. Está por ver el destino del propietario de Uniter, que prevé declarar hoy.
La Fiscalía Anticorrupción decidirá asimismo si solicita la drástica medida de prisión para los testaferros que supuestamente participaron en el reparto de comisiones ilegales en sobres: Juan Francisco Algarín, Eduardo Leal y Beatriz Núñez.