jueves, 16 de enero de 2014

Más negocio para la seguridad privada

Esta primavera encontraremos guardias privados de seguridad vigilando calles y centros comerciales, eventos deportivos o culturales, polígonos industriales y hasta el exterior de las cárceles y centros de inmigrantes. Además, podrán pedirnos la documentación, cachearnos e incluso detenernos. Y si hay algún enfrentamiento, disfrutarán de la protección del nuevo Código Penal, como si fueran servidores públicos. Son los cambios que introduce la nueva Ley de Seguridad Privada, que se debate ahora en el Senado y con la que el Gobierno amplía el negocio de la seguridad privada en España. El objetivo es privatizar una parte de la seguridad que ahora prestan las fuerzas de seguridad pública, que apenas crecen por los recortes. Con ello, tendremos una seguridad de peor calidad, con profesionales peor formados, y más centrada en empresas y particulares que la puedan pagar. Otro servicio público, como la sanidad, la educación, la justicia o el agua, que Rajoy privatiza.

España es uno de los países europeos con más fuerzas de seguridad pública: 259.791 vigilantes públicos, casi como Alemania (260.000, con el doble de población), entre Guardia Civil (80.300), Policía Nacional (70.733), policías autonómicas (17.160 Mossos, 8.008 Ertzaintza y 1.090 Policías Forales de Navarra) y policías locales (64.500). Ello da una media de 1 guardia público por 198 habitantes, una proporción mucho mayor que la de Francia (1/271), Alemania (1/326), Reino Unido (1/382), Suecia (1/522) o Italia (1/565). Sin embargo, cuenta con menos guardias privados de seguridad: 82.150, casi la mitad que Alemania (170.000) y la cuarta parte que Reino Unido (365.000). De hecho, España cuenta con un vigilante privado por cada 525 habitantes, una cifra muy inferior a la media europea (1/369) y a países como Francia (1/437), Alemania (1/484), Italia (1/260) o Reino Unido (1/170).

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