Más negocio para la seguridad privada
Esta primavera encontraremos guardias privados de seguridad vigilando
calles y centros comerciales, eventos deportivos o culturales, polígonos
industriales y hasta el exterior de las cárceles y centros de
inmigrantes. Además, podrán pedirnos la documentación, cachearnos e
incluso detenernos. Y si hay algún enfrentamiento, disfrutarán de la
protección del nuevo Código Penal, como
si fueran servidores públicos. Son los cambios que introduce la nueva
Ley de Seguridad Privada, que se debate ahora en el Senado y con la que
el Gobierno amplía el negocio de la seguridad privada en España. El
objetivo es privatizar una parte de la seguridad que ahora prestan las
fuerzas de seguridad pública, que apenas crecen por los recortes. Con
ello, tendremos una seguridad de peor calidad, con profesionales peor
formados, y más centrada en empresas y particulares que la puedan pagar.
Otro servicio público, como la sanidad, la educación, la justicia o el
agua, que Rajoy privatiza.
España es uno de los países europeos
con más fuerzas de seguridad pública: 259.791 vigilantes públicos, casi
como Alemania (260.000, con el doble de población), entre Guardia Civil
(80.300), Policía Nacional (70.733), policías autonómicas (17.160
Mossos, 8.008 Ertzaintza y 1.090 Policías Forales de Navarra) y policías
locales (64.500). Ello da una media de 1 guardia público por 198
habitantes, una proporción mucho mayor que la de Francia (1/271),
Alemania (1/326), Reino Unido (1/382), Suecia (1/522) o Italia (1/565).
Sin embargo, cuenta con menos guardias privados de seguridad: 82.150,
casi la mitad que Alemania (170.000) y la cuarta parte que Reino Unido
(365.000). De hecho, España cuenta con un vigilante privado por cada 525
habitantes, una cifra muy inferior a la media europea (1/369) y a
países como Francia (1/437), Alemania (1/484), Italia (1/260) o Reino
Unido (1/170).
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