lunes, 20 de enero de 2014


UGT-A La FSP integra a funcionarios, empleados públicos y demandantes de primer empleo

¿Quién controla la UGT-A?

  • La Federación andaluza de Servicios Públicos impone a UGT un representante en el CES

  • La FSP controla UGT-A y aspira a hacerse con el control nacional del sindicato

  • Es la federación con más peso en la estructura andaluza, por el número de afiliados

  • Ha impuesto los secretarios generales y ha impuesto el cierre de filas respecto a la gestión

  • Carmen Castilla, elegida en un reciente comité extraordinario, pertenece a esta federación

  • Los críticos se quejan de que su peso numérico impide cualquier debate interno

  • Es la federación que mayor número de liberados institucionales aporta al sindicato

Antonio Tirado
El secretario general de la FSP en Andalucía, Antonio Tirado. CONCHITINA
La todopoderosa Federación de Servicios públicos (FSP) de UGT en Andalucía empieza a tomar posiciones en Madrid. Dionisio Valverde Pozo, vicesecretario de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT Andalucía durante la época de Manuel Pastrana al frente del sindicato en Andalucía y perteneciente a la FSP, es uno de los nuevos miembros del Consejo Económico y Social en representación de UGT, cuyo nombramiento ha sido publicado en el BOE del 28 de diciembre pasado.
Valverde formará parte de este órgano de carácter estatal durante los próximos cuatro años como parte de la cuota andaluza entre los representantes del sindicato. Si Andalucía es una de las federaciones territoriales de mayor peso en UGT, incluso enfrentada, como ha ocurrido en los últimos tiempos, con la dirección que encabeza Cándido Méndez, la FSP, cuyo secretario general en Andalucía es Antonio Tirado, es la federación sectorial que hace y deshace dentro del sindicato en Andalucía.
La federación, a la que pertenece Manuel Pastrana, es "la más importante por número de afiliados y en estructura de la UGT", según su propia definición en la web del sindicato. Especialmente en Andalucía, donde el número de empleados públicos es muy elevado. Integra a funcionarios, personal laboral y estatutarios de la Administración pública y demandantes de primer empleo.
Pese a la fuerza que tiene la FSP por el número de representantes en cada congreso -o, por ejemplo, también en el reciente comité extraordinario que ha elegido a Carmen Castilla, también de la FSP, secretaria general de UGT en Andalucía-, se da la paradoja de que no tiene, precisamente, una representatividad muy determinante dentro de la Administración, donde, salvo entre el personal laboral, los funcionarios han dado la espalda a los sindicatos de clase y han optado por sindicatos como CSIF o los profesionales de bomberos y policías.

Negociación del decreto del 'enchufismo'

Dionisio Valverde Pozo, durante las movilizaciones de los empleados públicos andaluces contra el decreto del enchufismo promovido por Griñán -que el propio Valverde y Juan Carlos Mestre negociaron en nombre de UGT- y contra el que se levantaron en masa los funcionarios andaluces, llegó a amenazar a los trabajadores contrarios a la propuesta del Gobierno de la Junta con una frase que ilustra bien esta paradoja: "Si queremos, damos una palmada y vienen 3.000 sindicalistas de UGT y se los comen por sopas".
El ex vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT-A, por otro lado, también firmaba el escrito del 8 de febrero de 2010 dirigido al entonces vicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT Andalucía, Federico Fresneda, relacionado con un curso subvencionados con ayudas europeas, cuyo destino ahora investiga la Comisión Europea, sobre el que se colocó un 'pos-it' con la leyenda "para nosotros el 15%".
El peso de la FSP es el muro contra el que se estrellan una y otra vez los críticos dentro del sindicato. La queja permante de que en UGT-A no es posible abrir un debate obedece a que la FSP, con el apoyo intermitente de la federación del metal, suma votos suficientes para imponer tanto candidatos -el caso de Fernández Sevilla en el último congreso o el de Carmen Castilla en el reciente comité extraordinario con el que el sindicato ha tratado de dar por cerrada la crisis de las facturas falsas- como el cierre de filas en torno a la gestión desarrollada por el sindicato.

Liberados institucionales

Fuentes del sector crítico apuntan a que la negativa de UGT-A y la FSP a soltar las riendas del sindicato está relacionada con la "interlocución" con la Junta de Andalucía. La FSP, por su número -y no precisamente por su representatividad dentro de la Administración-, es la federación que aporta más liberados institucionales (pagados por sus empresas, en este caso la Administración pública pero trabajando para el sindicato) y ése es un privilegio al que UGT-A no está dispuesto a renunciar, al menos sin dar batalla.
UGT Andalucía y la FSP mantienen desde hace tiempo un pulso con la dirección nacional del sindicato, que encabeza Cándido Méndez, y en su hoja de ruta está hacerse con el control de la misma. Es la gente de Pastrana, que fuentes del sindicato afirman que casi nueve meses después de dejar la secretaría general sigue controlando el sindicato en Andalucía, para los que, en su enfrentamiento con Méndez, que éste forzara la dimisión de Fernández Sevilla supone una declaración de guerra definitiva.

Antonio Tirado, liberado pese a su incapacidad

El secretario general de FSP en Andalucía, Antonio Tirado, hombre de la máxima confianza de Manuel Pastrana, fue quien puso sobre la mesa el nombre de Carmen Castilla, la nueva secretaria general de UGT-A, y quien estuvo negociando con el resto de las federaciones el apoyo a la nueva secretaria en la víspera del comité ejecutivo extraordinario en que ésta salió elegida nueva responsable andaluza del sindicato. El 27 de abril de 2011, EL MUNDO informaba de que Tirado está liberado en su empresa (Maestranza Aérea de Sevilla) a pesar de que la incapacidad permanente total que le fue reconocida en 2002 -por la que percibe desde entonces una pensión- le inhabilita tanto para la actividad sindical como para desempeñar su puesto originario de mecánico verificador de motores en la empresa dependiente del Ministerio de Defensa, lo que supone un ejemplo clarificador de la importancia que para el sindicato tienen los liberados institucionales. Antonio Tirado se querelló contra el periódico por aquella información, pero el juez determinó que EL MUNDO había publicado una información "modélica" y que el periodista que la firmaba había obrado "con diligencia, buena fe y seriedad en su actuación profesional".

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