Despidos y bajada de sueldos en vísperas de la nueva ley de Seguridad Privada
Prosegur y Securitas han comunicado hoy a los trabajadores su intención de iniciar procedimientos de despidos colectivos en todos los centros
Despidos y bajada de sueldos en vísperas de la nueva ley de Seguridad Privada
JOSÉ ALFONSO
Vehículo de transporte de dinero en el centro de Islazul, en Madrid
Las empresas de seguridad privada de mayor implantación en España, Prosegur y Securitas, han comunicado hoy a sus trabajadores su intención de iniciar procedimientos de despidos colectivos y descuelgue del convenio colectivo, respectivamente, con la consecuente bajada de retribuciones, según informa el sindicato CSI-F.
Estas decisiones «injustas y abusivas» se producen en vísperas de la nueva ley de Seguridad Privada, actualmente en trámite en el Senado y que prevé nuevas competencias para el colectivo de vigilantes, como la posibilidad de identificar y detener a personas en la vía pública. «No parece razonable que por un lado se amplíen las competencias a estos trabajadores y por otro se les rebajen las retribuciones y condiciones de trabajo», según el sindicato.
Prosegur ha comunicado hoy mismo su «intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo, así como la modificación sustancial de condiciones e inaplicación del convenio en todos los centros de la empresa», según el texto al que ha tenido acceso este periódico. En los próximos siete días se iniciará un periodo de consultas con los sindicatos. Esta compañía tiene más de 27.000 empleados en nuestro país.
Por su parte, Securitas también ha anunciado a sus trabajadores su intención de «descolgarse» del convenio colectivo y, por tanto, no aplicar las condiciones de trabajo y las retribuciones pactadas con los representantes de los trabajadores. Securitas explica su decisión, que afectará a todos los centros de trabajo de la empresa, por la situación económica y productiva de la empresa.
El sindicato CSI-F considera que estas decisiones «no están justificadas y esconden un intento de competencia desleal hacia el resto de las empresas. En los últimos 15 años, los trabajadores del sector han sufrido una pérdida del 25% de su poder adquisitivo».
Prosegur y Securitas han comunicado hoy a los trabajadores su intención de iniciar procedimientos de despidos colectivos en todos los centros
Despidos y bajada de sueldos en vísperas de la nueva ley de Seguridad Privada
JOSÉ ALFONSO
Vehículo de transporte de dinero en el centro de Islazul, en Madrid
Las empresas de seguridad privada de mayor implantación en España, Prosegur y Securitas, han comunicado hoy a sus trabajadores su intención de iniciar procedimientos de despidos colectivos y descuelgue del convenio colectivo, respectivamente, con la consecuente bajada de retribuciones, según informa el sindicato CSI-F.
Estas decisiones «injustas y abusivas» se producen en vísperas de la nueva ley de Seguridad Privada, actualmente en trámite en el Senado y que prevé nuevas competencias para el colectivo de vigilantes, como la posibilidad de identificar y detener a personas en la vía pública. «No parece razonable que por un lado se amplíen las competencias a estos trabajadores y por otro se les rebajen las retribuciones y condiciones de trabajo», según el sindicato.
Prosegur ha comunicado hoy mismo su «intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo, así como la modificación sustancial de condiciones e inaplicación del convenio en todos los centros de la empresa», según el texto al que ha tenido acceso este periódico. En los próximos siete días se iniciará un periodo de consultas con los sindicatos. Esta compañía tiene más de 27.000 empleados en nuestro país.
Por su parte, Securitas también ha anunciado a sus trabajadores su intención de «descolgarse» del convenio colectivo y, por tanto, no aplicar las condiciones de trabajo y las retribuciones pactadas con los representantes de los trabajadores. Securitas explica su decisión, que afectará a todos los centros de trabajo de la empresa, por la situación económica y productiva de la empresa.
El sindicato CSI-F considera que estas decisiones «no están justificadas y esconden un intento de competencia desleal hacia el resto de las empresas. En los últimos 15 años, los trabajadores del sector han sufrido una pérdida del 25% de su poder adquisitivo».
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