Ley de seguridad privada
Una ley para impulsar un sector concentrado en 12 empresas
Nombres de la política aparecen relacionados con las principales empresas.
El próximo 5 de febrero termina el plazo para presentar enmiendas en el
Senado al proyecto de Ley de Seguridad Privada, un texto que se aprobó
el pasado 10 de diciembre en el Congreso y que amplía las competencias
de los vigilantes privados. No ha sido el único cambio en la legislación
enfocado a este sector. La reforma del Código Penal presentada por la
cartera de Gallardón ya atribuía al personal de seguridad privada el
carácter de autoridad, una “demanda conjunta de todos los agentes del
sector”, según señala a DIAGONAL Eduardo Cobas, secretario general de
Aproser, asociación que agrupa a las 12 mayores empresas de seguridad
privada en el Estado español. Son nuevos cambios en la legislación con
los que se “quiere ayudar a consolidar el sector de la seguridad
privada”, en palabras del secretario de Estado de Seguridad, Francisco
Martínez. El sector de la seguridad privada agrupa a cerca de 1.500
empresas, de las que las 12 primeras acumulan el 70% de facturación del
sector, que, según datos de Aproser, ha bajado un 6,87% en el último
año.
"Aquí hay un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar dinero"
“Hay una tendencia a la privatización de toda la función pública de la
seguridad, que en algunos países ya lleva muchos años de andadura, y
aquí hay aún un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha
gente dispuesta a ganar dinero”, afirma Pedro Oliver, doctor en Historia
por la Universidad del País Vasco especializado en instituciones
punitivas y autor del libro Burorrepresión. Sanción administrativa y
control social. “Aquí hay que seguir la pista del dinero, y ver qué
lobby de facto está ahí actuando para impulsar esta legislación, que se
va a unir a otras políticas de privatización, como el negocio
penitenciario”, continúa Oliver.
Entre las empresas más importantes
del sector, algunas destacan por su relación con nombres de la política,
como Prosegur, que tuvo en 2012 una facturación de 3.670 millones de
euros. Con 150.000 empleados repartidos en 400 sedes de cuatro
continentes, se ha posicionado como el gigante de la seguridad privada.
Sólo en 2013, en el BOE aparecen contratos a Prosegur por más de 8
millones de euros, entre los que destacan el de la vigilancia de los
edificios de la AEAT en Andalucía por 2,6 millones de euros, o la de los
aparcamientos de camiones y de la zona de cruceros del Puerto de
Barcelona. A su cabeza está Helena Revoredo, a través de la sociedad
Gubel, en la que también figura como apoderado Pedro Juan de Borbón.
Banca March o Bankinter son otras de las entidades relacionadas, al
igual que José Mayor Oreja, como da por probado una sentencia del
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Vitoria.
La misma
sentencia señalaba también la relación laboral de Jaime Mayor Oreja con
otra de las grandes del sector, Eulen, en la que aparece como apoderada
Micaela Núñez Feijoo, hermana del presidente gallego, y que contó entre
sus directivos con Rodolfo Martín Villa. Entre las contratas conseguidas
por Eulen en 2013 está la de la seguridad y vigilancia del Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Melilla, por 2,9 millones de
euros. El 10 de enero la empresa era adjudicataria de un nuevo contrato
público para el servicio de seguridad y vigilancia de los centros del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valencia, Alicante,
Castellón y Murcia por 1,12 millones de euros.
Y también aquí, la Gürtel
En 2009, el El Mundo detalló cómo el extesorero del Partido Popular
Luis Bárcenas hizo llamadas en 2007 al entonces consejero de Justicia de
la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, para que adjudicara a Serygur la
vigilancia de la Ciudad de la Justicia. Al frente de Serygur estaban el
exconcejal de Madrid Ignacio del Río y Álvaro de la Cruz, expresidente
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), relacionado
con la Gürtel por contratar a Special Events para las asambleas
especiales del organismo. Serygur consiguió el contrato de la Ciudad de
la Justicia por 400.000 euros, y también en 2007 recibió otros contratos
públicos por al menos 2,1 millones. En 2008, tuvo contratos públicos
por al menos 5,6 millones, según aparece en el BOE, entre los que está
la vigilancia de las sedes de la Agencia para el Empleo en Madrid por
2,5 millones. En 2009, antes de pasar a llamarse Alium, recibió el
contrato para la vigilancia de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones por 667.000 euros.
La adjudicación de
contratos de seguridad en edificios públicos madrileños también ha
puesto sobre la mesa la vinculación de otros nombres de la política con
el sector a raíz de la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid.
Segurisa, una de las empresas que optaban al contrato de la seguridad
del edificio de la Puerta del Sol, ya había recibido en 2005 y 2006
contratos para el servicio de vigilancia del Canal de Isabel II y de
Metro de Madrid que sumaban 59 millones de euros. Su presidente, Enrique
Sánchez, fue diputado y portavoz en la Diputación de Madrid entre los
años 1978 y 1982. Pero la empresa que se llevó el contrato de la Puerta
del Sol y la Plaza de Toros, por 2,6 millones de euros, fue Segur
Ibérica, en cuyo consejo figuraba hasta 2009, como secretaria no
consejera, Marta Gil de Biedma, familiar de la expresidenta de la
Comunidad de Madrid. Segur Ibérica, que ha sido acusada de fraude por
prestar los servicios de seguridad en la Universidad Complutense con
personal sin licencia, tuvo en 2011 como presidente al actual ministro
de Defensa, Pedro Morenés, y ha comenzado 2014 con un contrato por
452.000 euros para el servicio de vigilancia de las sedes de las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social
y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia.
Cuatro contratos en 2014
Pero la empresa de seguridad que mejor ha comenzado el año en cuanto a
contratas ha sido Seguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel
Ramírez recibió en los diez primeros días de 2014 cuatro contratos
públicos que suman 3,3 millones de euros. Un mes antes, Ramírez, que
donó 50.000 euros al Partido Popular a través de su empresa Gestiones y
Asesoramientos 3000, según aparece en la contabilidad oficial del
partido, recibía también un indulto que lo libraba de los tres años de
prisión a los que estaba condenado por realizar obras ilegales en
terreno protegido.
Otra de las empresas importantes del sector es
Castellana de Seguridad (Casesa), cuyo nombre ha saltado recientemente a
los medios de comunicación por el trato que dos de sus vigilantes
dieron la semana pasada a una pareja francesa en un supermercado
Carrefour en Torrevieja. Con sede en Las Rozas y participada por la
sociedad de capital riesgo Baring, que a su vez está participada por
CatalunyaCaixa, es una de las empresas de seguridad a las que parece que
no ha afectado la crisis. En 2012, su facturación creció un 10%,
llegando a los 155 millones de euros, a pesar de que el anuncio del fin
de ETA le hizo perder el negocio de los escoltas, que llegó a suponer
para la empresa una facturación de 30 millones.
La entrada de vigilancia privada en 21 cárceles costó 7,39 millones de euros que fueron a parar a ocho empresas
El final del negocio de los escoltas ha propiciado que las cárceles se
conviertan en nuevo centro de trabajo de los vigilantes privados. El
programa piloto, que empezó en verano en 21 cárceles y en el que
participan ocho empresas durante nueve meses, ha costado 7,39 millones
de euros, un monto que en gran parte va a ser beneficio directo para las
empresas, según un informe de la Unión Federal de Policía, que afirma
que la Administración está desembolsando por cada vigilante 3.200 euros
al mes, aunque el convenio del sector fija como salario 1.088 euros. Un
panorama que, según lamenta Pedro Oliver, dejará “cárceles llenas de
pobres custodiadas por otros pobres”.
Apellidos en la seguridad privada
S. I. Canaria
LA EMPRESA DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ha empezado el año con cuatro nuevos contratos públicos por 3,3 millones.
Segur Ibérica
pedro morenés presidió la empresa en 2011, antes de ocupar la cartera de Defensa de la mano de Mariano Rajoy.
Prosegur
el apellido mayor oreja está relacionado con la compañía, según la sentencia judicial.
12.388 nuevos vigilantes sólo en 2012
En 2012, el número total de vigilantes de seguridad privada habilitados
por el Ministerio del Interior ascendía a 223.299, un 15,6% más de los
que se contaban en 2011. Sin embargo, el número de vigilantes que
estaban en activo descendió de los 89.000 a los 82.150 por la bajada del
volumen de negocio del sector, según explica un informe de la patronal
de empresas de seguridad privada Aproser. En comparación con las cifras
sobre seguridad privada en la Unión Europea, las del Estado español
están levemente por debajo de la media, con un vigilante por cada 513
habitantes.
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