Los vigilantes se sienten desprotegidos por la Ley de Seguridad Privada
Piden que se les considere agentes de la autoridad porque consideran
que una agresión a un vigilante de seguridad "sale prácticamente
gratis".
El proyecto de Ley de Seguridad Privada solo convence al
Gobierno central que es quien lo ha redactado y, puede que también, a
las empresas de seguridad privada que ven la posibilidad de hacer caja.
Seguridad privada | InternetLa definición y regulación del trabajo de
los vigilantes de seguridad que recoge el texto, no satisface a este
colectivo. En La Rioja hay aproximadamente unos 500 vigilantes de
seguridad y el portavoz del sector de UGT, Iñaki Cortabitarte, quiere
dejar claro que "no somos partidarios de esta nueva ley porque carece de
protecciones para el vigilante".
Queremos, apunta, "que se
nos reconozca como agentes de la autoridad porque, ahora mismo, agredir a
un vigilante de seguridad sale prácticamente gratis". En un atraco por
ejemplo, si la policía pide ayuda al vigilante de seguridad y éste
resulta herido, al delincuente le podrían acusar de agresión a la
autoridad con lo que la condena se multiplicaría por dos. Sin embargo,
añade, una agresión a un vigilante que trabaje de noche en una fábrica
sale prácticamente gratis. "Contamos con menos medios y estamos más
expuestos que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y,
con eso, no estamos de acuerdo".
Llevamos más de treinta años
haciendo las mismas funciones, explica, y, rara vez salen a la luz las
agresiones a los vigilantes de seguridad, y son muchas. La falta de
personal es uno de los motivos. Cortabitarte asegura que la vigilancia
en los centros estratégicos públicos es insuficiente "y, donde tendría
que haber diez o quince vigilantes, hay dos o tres". Así se lo han
comunicado al Gobierno regional. La respuesta, hay que abaratar costes.
"Incluso se están suprimiendo armas porque, ahora mismo, únicamente un
dos por ciento de los vigilantes jurados van armados y son, sobre todo,
los que realizan labores de recogida de fondos, los que están en los
bancos y en los centros de información. Quizás el hecho de que un
vigilante armado cobre 200 euros más, influya” apunta.
La formación
de los vigilantes de seguridad y su capacidad para desarrollar las
funciones que les permitirá la nueva Ley son otros aspectos polémicos.
En este sentido replica "tenemos una formación inicial y de por vida ya
que una vez al año tenemos que asistir a cursos de formación, unos
cursos que son específicos para el trabajo que cada uno desarrolla. De
esta forma, la formación de un vigilante de un centro de menores no será
la misma que el que custodia una fábrica de noche".
Es el
Ministerio del Interior el que exige a las empresas de seguridad privada
a impartir estos cursos de formación de un mínimo de veinte horas
anuales "aunque también es cierto que no todas las empresas cumplen este
requisito". "Hemos denunciado esto muchas veces porque aquí prima el
coste por hombre y el coste por hora. Y hay empresas piratas, también en
La Rioja, que suprimen el coste adicional que supone la formación y
eliminan estos cursos. Es ahí donde está el peligro de la ley y son a
estas empresas a las que debe controlar el Ministerio del Interior".
En cuanto a las detenciones, dice, "la gente se sorprende de que el
vigilante de seguridad pueda detener pero no han leído la letra pequeña
porque podemos detener siempre y cuando se haya cometido un delito". De
hecho, añade, en el reglamento de seguridad privada hay un artículo que
da potestad a cualquier ciudadano a poder detener a otro que haya
cometido un delito, de forma que no es descabellado que un vigilante
también lo pueda hacer".
En definitiva, este vigilante jurado en
activo confiesa no entender el revuelo que se ha creado con la
aprobación de este proyecto de ley "que no hemos pedido y que lo único
que hace es habilitarlos para desempeñar funciones que ya hacemos".
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