Prisiones: 12 Horas en una garita sin poder ir a mear

Prisiones: 12 Horas en una garita sin poder ir a mear

Privatizaciones del PP: doce horas en una garita sin poder ir a mear

Trabajo abre una inspección en las prisiones de Las Palmas por los largos turnos de vigilantes de seguridad

Para compensarlas tras la cancelación de escoltas en Euskadi, Interior entregó a dedo la vigilancia en las cárceles a empresas de seguridad

Fuente: eldiario.es – 25/01/2015

El motivo oficial que ofreció el año pasado el Ministerio del Interior, cuando privatizó una parte de la seguridad de las cárceles españolas, fue que había que destinar a los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía a tareas más propias de su condición y su formación. Pero lo que en realidad ocurría era que había que compensar a más de una decena de empresas de seguridad privada la pérdida de contratos de escoltas en Euskadi tras la rendición de ETA.

Históricamente vinculadas al PP, bien por la vía familiar o política, a ninguna de esas empresas de seguridad se les obligó a pasar por un concurso abierto sino por el mucho más amañable del restringido sin publicidad con un precio de 33 millones de euros al año, lo que dejaba flotando en la duda otra de las explicaciones dadas por el Gobierno: el ahorro de costes.

Las 67 cárceles españolas se dividieron en lotes, correspondiendo a Canarias el Lote 1, junto a Andalucía, Ceuta y Melilla, cuyos centros penitenciarios fueron adjudicados a una UTE compuesta por las compañías Ombuds, Eulen, Prosetecnisa, Vinsa, Casesa, Garda y Sabico.

La vigilancia perimetral, de control de accesos y videovigilancia de las cárceles de esas dos regiones y esas dos ciudades autónomas tiene un precio cercano a los 10 millones de euros al año.

Hasta ahí la información oficial porque lo que a partir de que comenzaran esos servicios, en octubre pasado, lo que ha venido pasando son los desaguisados propios de un encaje marca de la casa.

Los primeros en saltar fueron los expertos en seguridad, que enseguida pusieron en entredicho las garantías que ofrece poner en manos privadas una información sensible de las interioridades de los centros penitenciarios.

Porque para que esos vigilantes pudieran hacerse cargo de lo que hasta entonces era responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les dio un curso acelerado de quince horas. Se trata, por regla general, de personal que ahora empieza, lo que puede dar lugar a rotaciones e incidencias laborales que pueden generar conflictos fácilmente traducibles en filtraciones de información delicada. Aunque en una primera fase compartirán algunas responsabilidades con guardias civiles o policías, pronto se quedarán solos en determinadas tareas.

12 horas sin poder ir a mear

Otro aspecto evidente de la privatización de la seguridad en las cárceles es el relativo a los costes para el contribuyente. Lo que se ha pretendido camuflar como un ahorro no es más que una nueva cesión al lobby de las compañías de seguridad, necesitadas de contratos con las administraciones públicas que les solucionen su negocio. La Ley de Seguridad Privada va en esa misma línea.

Pero como estamos ante empresas que tienen como objetivo principal la búsqueda inmediata del beneficio, lo que automáticamente ocurre es que se presta un servicio público con un personal escasamente cualificado al que se le pagan sueldos infinitamente inferiores a los que cobran los agentes públicos a los que sustituyen.

Salarios que no superan en ningún caso los 18.000 euros al año frente a un ingreso bruto por trabajador asignado a estos concursos de más de 41.000 (800 trabajadores con un presupuesto de 33 millones de euros).

Para minimizar esos costes y garantizar los márgenes, en algunas prisiones de la provincia de Las Palmas se han detectado turnos de hasta 12 horas por vigilante en garitas que no cuentan ni siquiera con un baño donde poder evacuar.

Evidentemente hablamos de puestos muy concretos que no se pueden abandonar bajo ningún concepto y que, antes de la llegada de las compañías privadas, se atendían con turnos de dos horas por agente que tras ser relevados podían acudir al cuerpo de guardia a hacer sus necesidades, descansar o tomar un tentempié antes de regresar a la garita.

Esta situación ha provocado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que ya ha levantado acta para aclarar y en su caso sancionar por esta cuestión.